Se acaba de conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento en el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

Esta declara la inconstitucionalidad y nulidad de la regla de cálculo de la base imponible del tributo, la tradicional plusvalía, al infringir el principio de capacidad económica. Los preceptos legales anulados establecen un único método de determinación de toda la base imponible, de carácter objetivo e imperativa aplicación, que deja por entero al margen la capacidad económica real del contribuyente. Este método anulado parte de la premisa del incremento constante del valor del suelo urbano y arroja un resultado que no solo no tiene por qué coincidir con la realidad sino que se impone a esta, al no permitir al ciudadano acreditar un incremento efectivo distinto.

La determinación de la ganancia patrimonial venía establecida a priori por el artículo 107 de la LHL a través de unos porcentajes anuales de revalorización, preestableciendo unas ganancias que nada tenían que ver con el incremento de valor realmente producido. El TC indica que la forma de determinar la base del impuesto, regulada en el citado artículo 107, vulnera el artículo 31.1 de la Constitución Española al no respetar el principio de capacidad económica.

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La sentencia concluye con la anulación de los artículos de la Ley de haciendas locales que recogen este método objetivo de determinación de la base imponible, lo que “impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad”, con la sola excepción de aquellos supuestos en los que, a la fecha de dictarse la sentencia —26 de octubre de 2021—, haya ganado firmeza la resolución judicial o administrativa definitiva.

Tal y como declara la sentencia en adelante:“lleva aparejada la nulidad y expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación comprobación recaudación y revisión de este tributo local y por tanto su exigibilidad”. Es decir, que el tributo es inaplicable en la práctica actualmente, hasta que el legislador determine un nuevo sistema de cálculo aplicable.

Se podrá recurrir antes de la publicación de la Sentencia en el BOE, momento en el que tendrá efectos generales (art. 31.1 LOTC).

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